MUERTE DE AGUSTINA: «EL ESTADO ES RESPONSABLE»

Organizaciones sociales, del colectivo Ni Una Menos y otras marcharon ayer para exigir justicia por por la muerte de Agustina la niña wichí.

La niña wichí de 13 años falleció tras cursar un embarazo de 30 semanas en avanzado estado de desnutrición, lo que derivó en una cesárea, de la que no sobrevivió el bebé ni posteriormente la niña madre. Según señalaron los manifestantes, «la causa real de su muerte es producto de una cadena de violaciones a sus derechos, derechos básicos y humanos, como alimentación, educación y protección y que es sólo un caso testigo del genocidio silencioso que pesa sobre las comunidades originarias de la provincia ante la total ausencia del estado».
Las organizaciones  caratularon de femicidio a esta muerte, «perpetrado por el Estado y la indiferencia social, el silencio cómplice de funcionarios, jueces y legisladores, y de las instituciones que deben bregar por el cumplimiento de estos derechos diariamente vulnerados».  
Desde la Comisión Femenina del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), y del Partido Comunista Revolucionario (PCR), cuestionaron en primera instancia que no haya trascendido el nombre de la niña, «quizás para protegerla, o para que la olvidemos lo más rápido  posible. Olvidar que hay un pueblo originario que abarca más de la mitad de la provincia, completamente abandonado, y que ayer se cobró la vida de una niña y la pérdida de un embarazo», indicaron.
Como mucho se dijo sobre su situación, desde estas organizaciones intentaron dilucidar cuál fue el contexto que derivó en el peor y el más trágico de los finales. «Agustina vivía en El Sauzal, un paraje de El Impenetrable donde viven comunidades wichí. Allí no hay agua potable, no hay médicos en el centro de asistencia y los caminos para llegar a los parajes no permiten el acceso cuando llueve. Las comunidades recorren kilómetros a pie cuando necesitan de asistencia», recordaron. Atento a las primeras versiones que hablaban de su embarazo como producto de una violación, explicaron que «la niña tenía una relación temprana con un joven de 18 años, algo muy común en la zona. En algunos casos hay relaciones de hombres mayores con niñas, naturalizando el abuso de poder de adultos contra niñas, y los abusos sexuales en la infancia y particularmente en el caso de Agustina, su estado de vulnerabilidad por ser pobre, mujer, niña, originaria y huérfana, la llevaron a vivir en una relación desigual con un joven pocos años mayor, quizás por razones de subsistencia, recibiendo a cambio, un embarazo no deseado», describieron.
En este sentido recordaron los índices de embarazos adolescentes que ubica a la provincia en la cabeza de la lista. «El Chaco tiene el doloroso récord de madres niñas de la Argentina, esto tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la vida de nuestras jóvenes mujeres en esa zona, la más pobre y abandonada del país».
Además resaltaron que «Agustina no iba a la escuela, era huérfana y su tía, quien la acompaño al médico, tiene 20 años». Por esto aseguraron que «todos sus derechos fueron vulnerados. El derecho a una alimentación sana, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la Educación Sexual Integral, el derecho al protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo). El protocolo de ILE le correspondía porque claramente su vida estaba en riesgo», aseveraron.
Sin embargo, lamentablemente, el caso de Agustina no es único: «Esta situación es una expresión de cómo se vive en El Impenetrable chaqueño, donde se debe tramitar burocrática y diariamente, los ataúdes para los muertos por distintas enfermedades como TBC, Chagas, anemia, neumonía, todas consecuencia de la desnutrición y condiciones de vida. Todas  son consecuencia de las políticas de hambre», aseguraron.

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