Ya son 90 los sancionados por incumplir la ley de tiempo de espera

La ley que estipula un tiempo máximo de espera de 30 minutos fue incumplida y hubo consecuencias. Las multas van de 5000 a 25.000 pesos.

a espera en la fila del supermercado ocupa tiempo ineludible en el trajín cotidiano de las compras para la casa. 

Al terminar de agarrar los objetos o alimentos para llevar, el cliente piensa que ya casi termina, pero esperar en la fila suele tardar más que el tiempo que se tardó en tomar los artículos.

En tanto, hay una ley que pena sobre los comercios que permiten que los clientes esperen más de 30 minutos en las colas de la caja.

Pero de esto los organismos públicos no escapan y también recibieron sanciones.

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor provincial informó los resultados de los procedimientos llevados adelante desde la sanción de la ley 7780 de 2017 y 2442 de 2018, que establece límites en el tiempo de espera para usuarios y consumidores, en organismos tanto públicos como privados.

En este sentido, desde la cartera se anunció que las sanciones fueron para supermercados, bancos, financieras, servicios de correo y cajas de pago de distintos rubros.

NÚMEROS

En 2017, en total fueron multadas 55 entidades, mientras que en 2018 se sumaron otras 37.

Los montos de las infracciones van desde los $5.000 a los $25.000, habiéndose recaudado unos $730.000 en los últimos dos años.

También se señaló que continuarán con las tareas de inspecciones periódicas.

Para denuncias o reclamos, el consumidor o usuario podrá dirigirse a las oficinas de Espacio de Consumidores y Comercios, ubicada en Ameghino 150 de Resistencia, o bien comunicarse a través de la línea gratuita 0800-444-3346, o al correo electrónico sub.consumidor@chaco.gov.ar.

LA LEY

La ley 7780 expresa que será considerada infracción la espera por un lapso mayor a treinta minutos en establecimientos comerciales; en toda empresa de servicios públicos, sea de propiedad pública o privada; por cualquier trámite que el usuario deba realizar; en ventanillas y cajeros automáticos, en instituciones bancarias, financieras y no financieras, que presten servicios de cobranzas de impuestos o servicios públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales, de pago de haberes de trabajadores jubilados y pensionados y de trabajadores activos.

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