Lavado II: Aída Ayala recusará a la jueza Niremperger en la causa

La diputada nacional Aída Ayala (Cambiemos-Chaco) dijo hoy que recusará a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, en la investigación de lavado de dinero por la que está procesada y con pedido de prisión preventiva, «sin pruebas de ningún delito».

Ayala aguarda que la Cámara de Casación Penal responda en los próximos días el requerimiento presentado a fin de febrero para que “se deje sin efecto la prisión preventiva” y que “el expediente vuelva al Juzgado de Resistencia para que, en una nueva resolución, la causa se ajuste a la verdad de los hechos en cuestión”, sostuvo.

En declaraciones radiales, la legisladora afirmó que la jueza Niremperger “no pudo dar indicios” que Ayala hubiera obtenido “algún beneficio económico” por contratar a la empresa PIMP SA en 2014 para la recolección de residuos cuando era intendente de Resistencia y señaló que «no hay prueba de ningún delito».

Ayala recordó que al finalizar su gestión “la municipalidad adeudaba más de 10 millones de pesos a la empresa” y que destacó el contrato con PIMP SA “nunca fue renegociado, continúa en vigencia y no se pudo probar ni daño a la hacienda pública ni defraudación al Estado”.

La diputada sostuvo que en este proceso judicial “se mostraron hechos gravísimos” pero que “no pasaron de hipótesis de numerosas circunstancias
y a la vez no se tuvo en cuenta numerosas pruebas”.

“No hay lavado de activos ni otros delitos que se me imputaron”, aseguró la diputada de Cambiemos y señaló que un informe pericial “demuestra que no se han detectado bienes, dinero o recursos de algún origen ilícito”.

Por ello sostuvo “en esa causa no existe ninguna prueba de mi responsabilidad en relación al delito de lavado de activos” y que “en las pruebas recabadas no se determina el incremento de mi patrimonio en forma injustificada”.

También lamentó “las demoras de la jueza Niremperger en agregar esa pericia” y que “permite afirmar que los servicios se prestaron con normalidad, que no hubo sobreprecio, que no se produjo perjuicio económico al Estado y que no se pudo acreditar lavado de dinero en esta causa”.

Télam

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