La Justicia Federal solicitó la imputación para los funcionarios de Villa Río Bermejito que habrían cobrado el IFE

En su presentación pide la imputación por defraudación a la Administración Pública de los tres funcionarios sospechados de cobra el IFE. Según las normativas en caso de ser juzgados y encontrarlos responsables les cabria de 2 a 3 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público.

El fiscal Federal de Salta, Carlos Amad solicitó imputar a los funcionarios de la localidad de Villa Río Bermejito que estarían cobraron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

En su presentación al Ministerio Público, Amad pide la imputación y el requerimiento de instrucción judicial para los funcionarios Carlos Cesar Pospisil, Cesar Ramón Aznar y Diego Braun “por defraudación a la Administración Pública”.

“La reglamentación del IFE y el espíritu de esta medida creado por el Gobierno Nacional, a los fines de ayudar económicamente a los sectores más vulnerables frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia, indicando como requisito para acceder al mismo el ser trabajador informal o monotributista de las categorías más bajas. En este sentido , la normativa explicita claramente que se encuentran excluidos aquellas personas que tengan un ingreso proveniente del trabajo en relación de dependencia del sector público o privado.”, expresa el fiscal en su presentación.

“Hay que investigar si es cierto que cobraron, y si es así , llevarlos a juicio y hacer lo que corresponde”, remarcó el fiscal en declaraciones radiales. En este sentido consideró “deleznable la actitud que tuvieron estos funcionarios que quisieron quedarse con 10.000 pesos que no les correspondía”.

El fiscal Amad considera que ante los hechos presentados nos encontraríamos “prima-facie” en presencia de un hecho que cabe configurarlo, como Defraudación a la Administración Pública, según artículo 174°, inc. 5° y último párrafo del Código Penal.  Las penas que les podría caber serían según lo establecido por esta normativa serian de 2 a 3 años de prisión , mas la inhabilitación especial y perpetua si son funcionarios públicos.

Casos similares en otras provincias

El fiscal Carlos Amad relató a Radio Libertad que en la provincia de Salta habría otros 57 casos similares de personas y funcionarios que habría inscripto para cobrar la asignación de emergencia del gobierno nacional, sin que les correspondiera.

“El problema ético y moral que se lo dejen a sus conciencias, pero estos señores han cometido un delito”, sentenció el fiscal General.

En este sentido se pueden generar tres situaciones jurídicas diferentes: el que solicitó el beneficio y haya cobrado; el que se hayan anotado y les hayan denegado el cobro; y el que se hayan anotado, les concedieran el beneficio y lo hayan rechazado.

“De todas formas, el que cobro (y no le correspondía) por un lado va a tener que devolver y va a ir a juicio, porque son funcionarios públicos en pleno ejercicio, que se quedaron con plata del Estado que no les corresponde”, dijo el fiscal.

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